Quito, 25 de junio de 2025 – La Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), a través de sus proyectos: Comunidades Seguras y el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), presentó los hallazgos del Estudio sobre la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Organizaciones Criminales en Ecuador, una investigación sin precedentes realizada en las nueve ciudades más afectadas por el crimen y la violencia en el país (Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán).
El estudio obtuvo un diagnóstico claro: entre 2019 y 2022, los homicidios de NNA aumentaron un 640%, y el 87% de estos crímenes se cometieron con armas de fuego. En 2024, el 51% de los homicidios tuvo como víctimas a menores de edad, la mayoría entre 15 y 17 años.
A partir de 2.948 encuestas realizadas a niños, niñas y adolescentes (NNA) en riesgo, de entre 12 y 17 años, el estudio recoge evidencia en nueve de las ciudades más afectadas por la violencia en el país. Más allá de las cifras, el informe expone los factores estructurales que permiten esta realidad: cerca de 500 mil NNA entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, y más de 250 mil han abandonado el sistema educativo. Además, el 15% de los NNA expresa sentirse insatisfecho con su entorno escolar, donde reportan situaciones de violencia, consumo y venta de drogas.
Las organizaciones criminales están reclutando a menores de edad desde los 10 años, asignándoles roles que van desde “campaneros” hasta “sicarios”. Las niñas enfrentan riesgos adicionales como la explotación sexual o la coerción afectiva y económica. El reclutamiento ocurre principalmente a través de redes sociales: WhatsApp (31%) y Facebook (27%) son los canales más frecuentes, pero las amistades ejercen la mayor influencia en la captación (33%).
La situación es especialmente crítica en zonas como Esmeraldas, donde 4 de cada 10 menores de edad encuestados afirman tener un familiar en una banda criminal, y el 8% de los encuestados a nivel nacional reconoció pertenecer a una banda. En ciudades como Durán, Guayaquil y Santa Elena, más del 65% de los NNA percibe la presencia activa de estas organizaciones en sus barrios. Además, el 33% de los NNA afirmó haber conocido una banda a través de un amigo cercano, lo que evidencia el rol clave que juegan los vínculos sociales en estos procesos de vinculación.
Entre 2021 y 2024, 33 casos de reclutamiento forzado han sido judicializados, mientras el 93% sigue en etapa de indagación previa.
El estudio, que también examina fenómenos como la cultura de pandillas, el sistema penitenciario y la instrumentalización de la niñez como herramienta criminal, busca aportar evidencia sólida para impulsar acciones de prevención, protección y justicia.
Con esta publicación, PADF y sus aliados reafirman su compromiso de trabajar junto al Estado ecuatoriano para generar políticas públicas efectivas, reducir el reclutamiento de menores y construir entornos más seguros y resilientes para la niñez y adolescencia en el país.
Diego Molano
Director del Proyecto Comunidades Seguras
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