Un estudio elaborado entre diversas oenegés internacionales analizó las necesidades más apremiantes en los territorios de llegada de los crecientes movimientos migratorios en la región
@Luciapietf
Las crecientes movilizaciones humanas a diversos países del continente americano han llevado a los gobiernos locales y nacionales a anexar la migración a sus agendas públicas para el desarrollo de políticas y acciones que permitan contestar este fenómeno.
La integración socio-económica de migrantes fue elegida como el área con mayor necesidad (53%) de respuesta, seguida de la recepción (35%) en los territorios de acogida, de acuerdo el informe «Recepción e integración de personas migrantes y refugiadas en ciudades de las américas», presentado en 2023.
El documento fue elaborado entre diversas organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Padf, en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), para estudiar las necesidades surgidas frente a los movimientos migratorios masivos.
La información publicada fue obtenida mediante 231 entrevistas en 109 localidades pertenecientes a 25 países del continente en el transcurso de 2021. Dichos testimonios permitieron analizar el panorama, las tendencias y los desafíos asociados a los movimientos migratorios más destacados en la actualidad, como la emigración masiva de venezolanos principalmente a países suramericanos, la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos, la de nicaragüenses hacia Costa Rica, entre otros.
A continuación, algunas claves sobre la publicación y sus hallazgos:
Gobiernos con obstáculos
De acuerdo al estudio, se ha identificado una creciente incorporación de la «temática migratoria» por parte de los gobiernos locales en su agenda pública, contemplando diversas políticas públicas, programas y/o acciones a activar. Pero han encontrado obstáculos para implementar soluciones que van desde pocos recursos para garantizar respuestas de las instituciones, pasando por necesarias modificaciones a prácticas administrativas o políticas nacionales hasta el desconocimiento de los funcionarios en materia de migrantes y refugiados, que contribuye a un clima de discriminación, racismo y xenofobia contra estos.
La bienvenida de los países de acogida
Brindar atención primaria a los migrantes no es una prioridad en los Estados de la región y eso se demuestra en cifras: en las ciudades fronterizas, 54% la mencionó como la principal necesidad, mientras que en las no fronterizas la nombró solo 31%.
Si bien los gobiernos tienen a la atención primaria como la segunda área de mayor prioridad a nivel general, las políticas en torno a esta son escasas, lo que puede deberse a que no siempre se prima su desarrollo y/o asignación de recursos.
En Suramérica, las crecientes movilizaciones terrestres de venezolanos en lapsos muy breves y en condiciones de vulnerabilidad han puesto a prueba a localidades fronterizas como Cúcuta (Colombia), Boa Vista y Pacaraima (Brasil), Rivera (Uruguay), Puerto Montt y Concepción (Chile), y Puerto España (Trinidad y Tobago). En Brasil, la Operación Bienvenida, creada en el 2018, atendió, hasta marzo de 2022, a más de 2 millones de venezolanos, emitió más de 370 mil documentos de identificación y trasladó a cerca de 70 mil personas refugiadas y migrantes a otras partes del país.
En los países caribeños, ante los movimientos migratorios – especialmente de venezolanos-, se rigen a la política de «detener y deportar». Esta práctica es específica de Curazao y Trinidad y Tobago, y menos prevalente en Aruba.
Trabajo como primera necesidad
La integración socio-económica fue indicada como prioritaria (55%) en las localidades no fronterizas y segunda en las ciudades fronterizas. Entre las ciudades analizadas no existen muchos programas o políticas establecidas con algún marco normativo local para garantizar y promover esta integración, pero sí hay un consenso sobre la regularización como una condición esencial (84%) para el éxito de medidas respecto al acceso al empleo (79%), a la vivienda (50%), a condiciones de trabajo dignas y un salario justo (46%), y a la asistencia económica (31%).
El estudio reveló tres áreas de accionar local claves: acceso a viviendas, al sistema financiero y a empleos a través de vinculaciones con el sector privado. En Córdoba y Buenos Aires, Argentina, se desarrollaron programas de inclusión al sistema financiero junto a bancos locales. En México, se evidenció el trabajo compartido entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, oenegés y empresas privadas para la inclusión de refugiados. En Canadá y Chile se han promovido iniciativas para fortalecer la institucionalidad local en materia migratoria para la integración socio-económica.
El informe destacó que, en ocasiones, el desempleo en ciudades fronterizas como Cúcuta (Colombia) fue un desafío importante. Para estos casos, localidades de México y Brasil implementaron programas de reubicación e inserción laboral. En este último, el Programa de Interiorización de Brasil – parte de la Operación Bienvenida-, movilizó a más de 72.696 venezolanos a 810 municipios brasileños desde el 2018, en pro de reducir la presión y la xenofobia en las fronteras.
En zonas como el Caribe Sur ha habido resistencia a la integración socio-económica por la «percepción de acaparar recursos locales», pero las oenegés han generado cambios en estas matrices de opinión.
La integración socio-cultural como segunda prioridad
Los aspectos más relevantes de la integración social y cultural fueron el acceso a los servicios de salud (89%) y la educación (70%), seguidos del acceso a servicios de salud mental (55%); inclusión lingüística (53%); tratamientos médicos para enfermedades como VIH/Sida, cáncer, enfermedades renales, diabetes (48%); acceso a pruebas, tratamiento y vacunas contra el Covid-19 (46%); acceso a controles prenatales, parto y post natales (37%), y acceso a la cultura (23%), de acuerdo a las entrevistas.
En las localidades fronterizas fue mayor la necesidad de los servicios de salud frente a las grandes ciudades, donde prevaleció el acceso a la educación.
En el caso de los servicios de salud, el informe analizó el servicio de las «Brigadas Móviles Urbanas» en Perú, donde 85,3% del total de la población migrante es venezolana. El programa, hoy con escasos recursos económicos, no fue específicamente pensada para migrantes y refugiados, pero ofrece respuesta y cuidados específicos para las personas en situación de vulnerabilidad. Respecto al acceso a la educación, en Trinidad y Tobago, uno de los países con más cantidad de desplazados venezolanos per cápita, una organización católica eclesial llamada Living Water Community operaba el programa «Equal Place», de educación informal para niñas y niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes.
En dicho país, los menores migrantes requieren un permiso para estudiar y se estima que 4.000 no tienen acceso a la educación. El programa funcionó de forma paralela a los sistemas educativos del país, brindando un servicio crítico a cientos de menores, pero fue suspendido en 2022.
Integración política para después
Fue una de las necesidades con menor priorización frente a las demás. Es conceptualizada como la promoción de la participación ciudadana de los migrantes y el reconocimiento de sus derechos políticos en donde residan.
Dentro de este apartado, tuvo mayor relevancia el acceso a documentos de identidad (79%), la prevención de la discriminación y la xenofobia (78%), el acceso a la justicia (63%), la nacionalidad (59%), al registro civil (39%) y la prevención y sanción de la trata de personas (36%).
Según el reporte, es casi nula la existencia de mecanismos para la participación política de migrantes y refugiados en la mayoría de las localidades estudiadas . Solo en ciudades como Bogotá (Colombia) y Sao Paulo (Brasil) han desarrollado espacios estables de participación política para estas personas.
En cuanto al acceso a documentos de identidad, Guyana fue el primer país del continente en implementar un sistema electrónico, llamado Ecosistema Poblacional de Registro y Gestión de Identidad (PRIMES, en inglés), para registrar la información biométrica de migrantes venezolanos e información sobre sus necesidades. En Ciudad de México y localidades de Estados Unidos se han adoptado distintos modelos de identificación. El informe concluye que hay mucho camino por recorrer y una gran necesidad de «adoptar una narrativa oficial que presente a las personas migrantes y refugiadas como vecinos» e incentivar la asociatividad en los espacios comunitarios.
