Ciudadanía social y COVID-19 en los PNCA. Una relación disfuncional.

¿Cómo han cumplido los Países del Norte de Centroamérica (PNCA) los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en el marco de la pandemia?

Las respuestas a esta pregunta forman parte de un estudio regional realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés), en el que se analiza el nivel de cumplimiento de los DESC de los PNCA, en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Este informe tiene por objetivo aportar al conocimiento de las áreas de política pública que deben ser potenciadas por los PNCA para mejorar la inclusión de las poblaciones en situación de vulnerabilidad que continúan desprotegidas en sus derechos, por ejemplo las niñas, las mujeres, las poblaciones indígenas y LGTBIQ+, entre otras.

Mediante esta investigación, PADF busca contribuir al entendimiento del peso que las políticas públicas tuvieron en las agendas de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, particularmente en las áreas de salud, educación y alivio a la pobreza, así como en el tema de los presupuestos nacionales para verificar si estos países respondieron a los criterios de igualdad, no discriminación, progresividad y aplicación del máximo de recursos.

Una de las principales apuestas estratégicas de PADF es asegurar los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables que sufren el impacto de la desigualdad y garantizar que ejerzan una ciudadanía con el pleno goce de sus derechos, y en ese sentido, aportar a la generación de conocimiento por medio de investigaciones como esta, que pueden ayudar a la toma de decisiones políticas en materia de DESC.

La investigación revela carencias históricas y retrocesos significativos en derechos económicos, sociales y culturales, institucionalidades débiles y la falta de un reconocimiento al impacto diferenciado en los grupos más vulnerables.

Por esta razón, se proponen acciones integrales de combate a la pobreza para que no se incrementen aún más las brechas de desigualdad, generar un sistema de protección social con políticas públicas de calidad y sostenibles basado en un enfoque de género y de la diversidad sexual, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

Principales hallazgos

Salud

Durante el período de confinamiento por el COVID-19, pudo evidenciarse que hubo graves violaciones a los derechos de las niñas y las mujeres: el embarazo adolescente aumentó hasta en un 79% en niñas entre los 10 y 14 años de edad.
Se registró un retroceso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en términos de mortalidad materna, en especial para El Salvador y Honduras, que habían alcanzado su meta antes del 2020.
Durante los primeros meses confinamiento, se pudo evidenciar que el número de feminicidios fue mayor que las muertes provocadas por contagio de COVID-19 en los tres países.

Educación

La pandemia podría haber hecho regresar a los indicadores de aprendizaje existentes en la década de los años 60’s.
La niñez y adolescencia hondureña habría perdido en aprendizaje el equivalente a un año escolar, mientras que Guatemala y El Salvador un promedio de 1.2 años.
En cuanto al nivel de rendimiento educativo, Guatemala bajó en un 16% y Honduras en un 13%, no hay datos para El Salvador.

Pobreza

La pobreza extrema pudo haberse incrementado hasta en 6 puntos porcentuales. En ningún caso, los montos de transferencias monetarias fueron suficientes.
En cuanto a acciones de combate a la pobreza, pudo verificarse que los PNCA no priorizaron programas, ni fomentaron instituciones que dieran aseguraran la sostenibilidad.

Presupuestos

Los PNCA asignaron menos del 2% de sus presupuestos a la atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Las asignaciones a los presupuestos de salud en el 2020 fueron menores a las del período 2015-2020, pese a la emergencia por la pandemia.

Transparencia

El impacto de la corrupción como fenómeno transversal para todos los tres países indica que los PNCA no acataron las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar el acceso a la información, a la transparencia y el combate a la corrupción, aún en período de pandemia.
Casi todos los países ocultaron información respecto a la letalidad del virus.
No hubo mecanismos de seguimiento ni de rendición de cuentas.