Uruguay aprobó en el año 2008 la Ley N° 18.381, que consagró el Derecho de Acceso a la Información Pública, lo cual puso al país en la vanguardia en la región porque lo considera como un “derecho fundamental” al que pueden acceder “todas las personas”. Sin embargo, con el transcurso de los años se ha hecho muy difícil que el ejercicio del derecho trascienda más allá de algunos colectivos como periodistas, sociedad civil, sindicatos o dirigentes políticos. Todavía la mayor parte de la población ignora que los organismos públicos están obligados a dar respuesta a los pedidos de acceso a la información en un plazo determinado, y que en caso de no hacerlo es posible recurrir a la Justicia. Desde CAinfo realizamos instancias de capacitación con periodistas de todo el país y todavía nos seguimos encontrando con periodistas que ignoran cómo realizar un pedido, cuáles son los plazos legales para responder o cómo presentar una acción de acceso a la información ante los tribunales. Además, hay organismos que mantienen una interpretación restrictiva de la ley, imponiendo obstáculos ilegales para negar el acceso, y además han existido reformas regresivas a la ley, que consagran nuevas restricciones por la vía legal.